Tras el terremoto acaecido el 27 de febrero 2010 en la zona
central de Chile, se develaron/detonaron tres problemas país:
1 Un alto porcentaje de predios "irregulares" desde el punto de vista legal, es decir, sin títulos de dominio correctamente inscritos, con titulares fallecidos o con superposición del dominio como efecto del decreto Ley Nº 2.695 de 1979. Este decreto, herencia del gobierno militar permite (aún hoy) regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y la constitución de dominio sobre ella, en base a un levantamiento planimétrico "hablado" y sin relacionar los predios colindantes, proceso llevado a cabo incluso por programas públicos de asistencialidad social mal utilizados.
2 Por otra parte, la
inexistencia de dominio formalizado por parte de los afectados y/o damnificados
del terremoto, relentiza la postulación y entrega de beneficios por parte del
estado dado que, pese a haber destinado los fondos para reconstrucción, no
puede asignar los beneficios porque los potenciales beneficiarios, no cumplen
con los criterios legales para la postulación y obtención de subsidios. Esto a
su vez y ante la urgencia de la demanda de vivienda, genera nuevos
asentamientos informales y/o de emergencia que se eternizaran en el tiempo.
3 Por último, el Ingreso al mercado (de modo más o menos forzado y en potencia) de nuevos predios vaciados por el terremoto, incrementa inusitadamente la especulación inmobiliaria produciendo, entre otros, dramáticos procesos de gentrificación y por cierto de guetos de informalidad.
En este complejo escenario aparece la necesidad de generar un modelo gestión urbano que considere la totalidad de los actores e intereses sociales (empresarios, estado, universidades, organizaciones sociales, etc) orquestados en un marco legal, económico y político que permita, si no formalizar, a lo menos direccionar el mutante urbano resultante que se nos viene.
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